Guatemala, 17 de mayo de 2017. Cámara de Industria de Guatemala –CIG- y la Asociación de Generadores con Energía Renovable –AGER- respetuosos de los principios que inspiran la democracia, el Estado d eDerecho y especialmente la independencia judicial, se pronunciaron esta mañana en conferencia de prensa, para solicitar a la Corte de Constitucionalidad la emisión de sentencias apegadas al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT.-
La Consulta previa a pueblos indígenas de acuerdo al Convenio 169 de la OIT busca lograr consensos sobre las medidas de mitigación que el Gobierno debe realizar respecto a las afectaciones directas que pueda ocasionar una medida administrativa.
El objetivo de las consultas previas y del mismo convenio, es encontrar en conjunto oportunidades de crecimiento para el país, a través de la inversión y consecuente generación de empleo.
Juan Carlos Tefel, Vicepresidente de CIG considera que: “Este es un convenio que hace hincapié en los principios de igualdad, en la consulta previa y la participación de los pueblos indígenas en aquello que les afecte directamente, siendo responsabilidad exclusiva e indelegable del Estado la realización de las consultas previas, razón por la cual no aplica la suspensión de los proyectos”.
“Estas suspensiones contravienen la esencia del Convenio, ya que su propósito es incrementar las oportunidades para la población indígena, fomentar la generación de empleo y desarrollo para las comunidades y el efecto que están causando algunas sentencias, es el contrario”, puntualizó Tefel.
Alfonso González, Vicepresidente de AGER manifestó que “la suspensión de proyectos impacta directamente en el Estado de Guatemala, viéndose afectado seriamente el clima de negocios, ahuyentando la inversión tanto nacional como extranjera; reduciendo la recepción de impuestos y la pérdida de empleos, lo que genera más pobreza para los guatemaltecos”.
Javier Zepeda, Director Ejecutivo de Cámara de Industria de Guatemala recalcó: “Cualquier proyecto de desarrollo puede ser cancelado por una mala aplicación del Convenio 169 de la OIT, y el impacto de acciones como estas van en detrimento de la generación de empleo para los guatemaltecos y desarrollo del país”. Por ello, señaló la importancia de contar con una reglamentación previa.
Durante la conferencia, los miembros de la mesa principal: Juan Carlos Tefel, Vicepresidente de CIG; Rudolf Jacobs, Director de CIG; Javier Zepeda, Director Ejecutivo de CIG; Alfonso González, Vicepresidente de AGER y Anayté Guardado, Directora Ejecutiva de AGER; hicieron la solicitud específica a la Corte de Constitucionalidad y al pleno de Magistrados de este ente rector, que emitan sentencias estrictamente apegadas al Convenio 169 de la OIT, tomando en cuenta el beneficio que cualquier proyecto productivo puede llevar a las comunidades.
Hicieron énfasis, en que cualquier suspensión a las operaciones de los proyectos, genera impactos negativos a la economía y empleo, a las comunidades del área rural del país, así como a la población guatemalteca en general a corto, mediano y largo plazo.
