CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA
ANTE EL RIESGO DEL CIERRE DE CIENTOS DE EMPRESAS Y LA PÉRDIDA DE INVERSIÓN Y EMPLEO
MANIFIESTA:
1.- Su fuerte preocupación acerca de la suspensión temporal de operaciones de empresas que ya cuentan con autorizaciones y licencias, las cuales fueron obtenidas cumpliendo con los requisitos de Ley.
2.- El gran riesgo que representa generalizar el cierre de empresas de todos los sectores de la economía, generando desinversiones, pérdidas de empleo y un deterioro a la economía.
3.- Que, tomando en cuenta que toda empresa que opera o desee instalarse en Guatemala requiere de algún tipo de permiso, autorización o licencia gubernamental, el cierre de empresas, además de crear incertidumbre, aumentará la pobreza y la falta de oportunidades, con lo que se incrementará el nivel de migración.
ADVIERTE:
Algunas de las consecuencias que se podrían generar, de continuar el cierre injustificado de empresas, son:
– Uno de cada cinco empleos formales del país.
– 1 de cada 3 quetzales que recibe el Estado por concepto de impuestos, es decir, 16 mil millones de Quetzales.
– El 30% de la actividad económica de Guatemala.
• Escasez y encarecimiento de productos y servicios.
• Incumplimiento de los acuerdos firmados en diciembre de 2015 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
SOLICITA:
1.- Al Gobierno de Guatemala, que atendiendo a la responsabilidad que le corresponde, reglamente las Consultas de Buena Fe, Previas e Informadas, entendidas de acuerdo a lo que se describe en el Convenio 169 de la OIT, como un mecanismo de diálogo entre el estado y las comunidades indígenas. Reconocemos que estas consultas deben ser una ruta de generación de desarrollo.
2.- A la población en general y a los tres poderes del Estado a apoyar acciones que promuevan la estabilidad de las empresas ya legalmente establecidas, así como a impulsar inversiones que generen nuevos empleos formales y desarrollo. Consideramos que los niveles de pobreza en las áreas rurales del país pueden superarse con reglas claras y certeza jurídica, dentro de un marco de gobernabilidad.
Guatemala, 12 de mayo de 2016