En medio del conflicto con vecinos de la mina El Tambor, que provocó el bloqueo del edificio del Ministerio de Energía y Minas (MEM) en la capital, el nuevo ministro de esa institución, Luis Alfonso Chang Navarro, asumió ayer el cargo y confirmó que «proximamente» se establecerá una mesa de negociación».
Chang Navarro sustituye a Juan Pelayo Castañón, quien renunció al cargo, para el que fue juramentado el pasado 14 de enero, argumentando problemas de salud.
Desde el 4 de marzo último, un grupo de pobladores de la aldea La Puya, ubicada en San José del Golfo, departamento de Guatemala y a inmediaciones de la citada mina, se instalaron frente al edificio central del MEM para exigir el cierre del proyecto Progreso VII Derivada, que es propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A., (Exmingua).
Entrevistado a su salida en el Congreso de la República, donde asistió a una citación de la bancada Convergencia, Chang Navarro refirió que el bloqueo ha limitado las labores en ese ministerio.
Agregó que aunque se opera parcialmente en la Dirección General de Energía, toda la información y los expedientes están en la sede ministerial y solo se trabaja con las bases de datos disponibles.
“Hay solicitudes, requerimientos y notificaciones que no se han podido atender”, explicó el funcionario.
“En lo posible, con la información que se puede obtener y que nosotros tenemos en bases de datos, es que se ha estado laborando parcialmente”, añadió Chang.
El ministro explicó que se ha abierto un diálogo con la comunidad de La Puya y próximamente se establecerá una mesa de negociación.
Sin embargo, para el consultor en temas de energía y minas, Jorge García Chiú, “el retiro de Castañón no debiera impactar si lo sustituyen por una persona adecuada para el cargo”.
“Viéndolo desde afuera, parece que los avances han sido relativamente pocos, la conflictividad en todas las áreas continúa y no hay proyectos mineros a la vista, mientras que las licencias de exploración siguen en suspenso” agregó García Chiú.
Javier Zepeda, Director Ejecutivo de Cámara de Industria de Guatemala (CIG), institución de la cual son socios varios proyectos mineros, dijo que es importante que se continúe con la institucionalidad del trabajo del ministerio, ya que hay muchos temas pendientes de resolver en los sectores energético y minero.
Zepeda indicó que hubo una apertura al diálogo con el anterior ministro, pero hay temas en los cuales no se había logrado avanzar o “no fue a la velocidad que quisiéramos”.
Rafael Maldonado, asesor jurídico de la organización Centro de Acción Legal, Social y Ambiental (Calas), aseguró que no les sorprendió la renuncia de Castañón.
Maldonado cuestionó que este se mantuvo en “un constante tema de tráfico de influencia y protección de las empresas mineras”, permitiéndoles seguir operando a pesar de resoluciones emitidas por tribunales y cortes en contra de su funcionamiento.
Calas denunció a Castañón en febrero, por los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, falsedad e instigación a delinquir, porque no obedeció un amparo que la Corte Suprema de Justicia otorgó a esa organización para suspender la licencia del proyecto minero Progreso VII (Mina El Tambor).
Suspende a medias la licencia
La licencia minera del proyecto Progreso VII Derivada fue suspendida en marzo en “en forma parcial”
por el MEM.
Según Maldonado, de Calas, ante las denuncias, Castañón se vio acorralado y a pesar de su postura inicial, en marzo emitió una resolución para cumplir con lo ordenado por la CSJ, que suspende los derechos de explotación, aunque no se ejecutó y el proyecto sigue operando.
García Chiú opinó que es una medida “a medias”, porque solo se suspende el derecho exclusivo, lo cual no quita la licencia sino que solo abre la posibilidad de que otro interesado haga la explotación; también se indica que no se puede usar producto extraído para venta local, pero no limita la exportación.
El documento señala: “Dejar en suspenso el derecho exclusivo de explotar los productos mineros denominados oro y plata, así como la facultad de disponer de dichos productos provenientes del derecho en mención, para la venta local, transformación y explotación”.
