El Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ) urgen de recursos para mejorar la impartición de justicia en el país. Y la única opción que un Estado tiene para generar recursos financieros es revisando su sistema impositivo.
En esos términos se refirió ayer Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), al hablar de la necesidad de cambios en el país y la forma de hacerlos rápidamente.
No es la primera vez que Velásquez hace referencia al tema. En noviembre de 2015, afirmó que era urgente implementar un ingreso extraordinario para combatir la impunidad y la corrupción. Ayer, nuevamente se pronunció respecto a las crecientes limitaciones del sistema de justicia y por ello sugiere “que se examine en el tema tributario y cuáles son las posibilidades del país para cubrir estas necesidades” .
En esta ocasión, Velásquez no habló de un impuesto específico, pero sí de revisar el tema. Así lo hizo notar Diego Álvarez, vocero de la Cicig, quien indicó que la lectura que se puede dar a las declaraciones de Velásquez es que los guatemaltecos deben buscar la forma de conseguir los recursos y reconocer que la justicia en Guatemala los necesita. “No se refiere a un impuesto específico”, dijo Álvarez.
Hasta el momento, el Ministerio Público (MP) solo tiene el 30% de cobertura en el territorio nacional. El objetivo es que todo municipio tenga una agencia del ente investigador, lo cual implica ampliar territorialmente su presencia, dijo el comisionado.
A la voz de Velásquez se unen otros sectores que claman por un mejor sistema de justicia en el país. Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, representa a uno de estos grupos.
“Hay un riesgo de seguir violando los Derechos Humanos sin acceso a la justicia, la tutela y la protección judicial, configurando así una violación masiva a estos. De esa forma, las instituciones por omisión o acción van a terminar denegando justicia y afectando a las personas en su derecho a ella”, opinó Ibarra.
Según la analista, la solución a la sugerencia de Velásquez puede ser el debate serio y responsable de un impuesto específico o temporal. Pero va más allá y asegura que es necesario retomar el tema del pacto fiscal.
Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), recordó que el 23 de noviembre de 2015 se presentó la iniciativa de ley 50-03 en el Congreso, con una propuesta para recaudar Q2 mil millones anuales, de los cuales se pretendía asignar un 30% al Ministerio de Gobernación, 30% al MP, 30% para el Organismo Judicial, 5% para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), 2% al Instituto de la Defensa Pública Penal y un 1% para la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Esta recaudación caería sobre las empresas con mayor capacidad de pago, así como las transnacionales, dijo Barrientos.
Sin embargo, la propuesta no prosperó, dadas las oposiciones de los representantes del sector privado, aun cuando estaba técnicamente preparada y formalmente identificada. “De manera que Velásquez solo nos recuerda que es responsabilidad de nosotros como guatemaltecos ocuparnos de este tema”, afirmó Barrientos.
Celebramos ver encarcelados a Otto Pérez Molina y a Roxana Baldetti, pero la justicia tiene un costo, y ese costo lo han pagado organismos internacionales, indicó.
En cambio, Édgar Balsells, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), indica que la dificultad en Guatemala es la mediatización de todos los temas, refiriéndose a que en torno a esta problemática ha habido discusiones anteriores, de manera que proponer cambios, también requiere una gran responsabilidad. “No se puede hablar de cambios si antes no se estima de dónde saldrá el gasto”, aseguró.
El sector privado no se muestra ajeno a las aseveraciones de Velásquez, sobre la necesidad de fortalecer el sistema de justicia. “Sin justicia no hay desarrollo”, opinó el director de Cámara de Industria de Guatemala, licenciado Javier Zepeda.
Pero al comentar el tema impositivo, sostuvo que tener una mayor recaudación depende de la recuperación de la confianza del contribuyente. Zepeda sostiene que antes de estar pensando en crear nuevos impuestos, se debe trabajar en combatir el contrabando, crear estímulos para que la base tributaria crezca y priorizar el gasto del Estado. “No creemos que haya que incrementar impuestos”, reiteró.
Insisten en una reforma tributaria
Por años, la comunidad internacional ha hablado del tema
La historia fiscal de Guatemala no ha sido la más ejemplar. La comunidad internacional, desde finales de la década de los 90 viene insistiendo en la necesidad de incrementar la carga tributaria. La primera meta formal se estableció en 12 por ciento para el año 2000. Sin embargo, fue inalcanzable, pues apenas se llegó al 10.6 por ciento del PIB.
A mediados de la primera década de este siglo, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), volvió a hablar de la necesidad de incrementar la carga tributaria, pues ya aseguraba que sin recursos el país no podría poner en marcha programas de desarrollo y cambio social.
El año pasado, el comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, retomó el tema y mencionó la necesidad de un impuesto para la justicia y la seguridad que despertó polémica, principalmente entre el sector empresarial.
Y hace una semana, una comisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) visitó el país y recomendó a la Superintendencia de Administración Tributaria, promover una reforma fiscal que implique tasas impositivas más altas. Solo así, dijo Alejandro Werner, jefe de la misión, el país puede hacerse de recursos suficientes para promover cambios reales que impliquen desarrollo.
